OpenAI ofrece al gobierno de EEUU el 5% de la empresa (42.600 millones): ¿reparto de riqueza o seguro político?

Una oferta que nadie esperaba

El Financial Times reveló que OpenAI ha propuesto algo insólito: entregar al gobierno de Estados Unidos una participación del 5% en la empresa. Al valor actual —852.000 millones de dólares tras su ronda de marzo— esa parte vale unos 42.600 millones. Sería una de las mayores posiciones de propiedad estatal jamás planteadas en una empresa tecnológica privada.

Y no se queda ahí. Sam Altman, CEO de OpenAI, propone que todos los grandes laboratorios de IA estadounidenses —Google, Meta, Anthropic— cedan un 5% similar a un fondo público. La idea: que los ciudadanos compartan la riqueza que genere la IA, sin pasar por los impuestos tradicionales.

Suena bien. Pero conviene entender por qué lo propone ahora, y qué hay detrás.

El modelo: el "cheque del petróleo" de Alaska

La referencia que usa Altman no es casual. Se inspira en el Alaska Permanent Fund, creado en 1976 para invertir los ingresos del petróleo del estado. Ese fondo, que hoy vale unos 91.000 millones, paga cada año un dividendo directo a todos los residentes de Alaska —en 2024 fueron unos 1.700 dólares por persona.

La propuesta de OpenAI traslada esa idea al "petróleo del siglo XXI": el valor que generan los modelos de IA. Las participaciones de los laboratorios irían a un fondo público que, algún día, podría repartir parte de los beneficios entre la población.

Responde a una pregunta que lleva meses en el aire: si la IA va a generar una riqueza enorme automatizando trabajo humano, ¿quién se queda el beneficio, aparte de los accionistas de las pocas empresas que la controlan?

El detalle que lo cambia todo: el momento

Aquí está lo que un medio sin humo no debe pasar por alto. La oferta no llega en el vacío. Llega tras un mes en que Washington ha demostrado que puede apagar, retrasar o restringir los modelos de cualquier laboratorio: obligó a Anthropic a desconectar Fable 5 durante 19 días, y pidió a OpenAI lanzar GPT-5.6 de forma escalonada y limitada a una veintena de socios aprobados por el gobierno (una restricción que, precisamente hoy, OpenAI empieza a levantar: sus modelos Sol, Terra y Luna pasan a estar disponibles para todos este jueves).

En ese contexto, ceder el 5% tiene una doble lectura evidente. Sí, es un gesto de reparto de riqueza. Pero también es, muy posiblemente, un seguro político: cuando el gobierno es tu socio y accionista, es menos probable que te apague los modelos o te regule con dureza. La buena voluntad en Washington, este mes, ha demostrado tener un valor incalculable. Que la restricción sobre GPT-5.6 se levante justo mientras se negocia esta oferta no tiene por qué ser causa y efecto, pero ilustra bien la dirección: acercarse a Washington, a OpenAI, le está saliendo a cuenta.

Hay precedentes que refuerzan esta lectura. La administración Trump ya tomó un 10% de Intel el año pasado, y negoció acuerdos de reparto de ingresos con Nvidia y AMD. Que el Estado tome participaciones en empresas estratégicas es ya un patrón de esta administración, no una excepción.

Las dos críticas, de izquierda y de derecha

La propuesta ha recibido fuego cruzado, lo que suele ser señal de que toca algo real.

Desde la derecha, algunos la tachan de "socialismo": el Estado entrando como propietario en empresas privadas. Desde la izquierda, otros la ven insuficiente. El senador Bernie Sanders ha propuesto algo mucho más agresivo: un impuesto único del 50% sobre las acciones de las empresas de IA, para un fondo público que —según sus cálculos— podría pagar 1.000 dólares al año a cada estadounidense.

Frente a ese 50%, el 5% de Altman es la cifra más baja sobre la mesa. Lo que sus críticos señalan: es una cantidad lo bastante pequeña como para comprar tranquilidad política sin ceder control real.

El conflicto de interés que nadie ha resuelto

Y aquí está el problema de fondo, el que hace esta idea tan delicada como interesante.

Si el gobierno es a la vez el regulador de la IA y accionista de las empresas de IA, ¿cómo regula con imparcialidad a una empresa de la que es dueño? Un Estado que gana dinero cuando OpenAI gana dinero tiene un incentivo para protegerla, no para vigilarla. Las preguntas sin respuesta se acumulan: quién paga, con qué derechos de voto, bajo qué gobernanza del fondo, y con qué salvaguardas frente a ese conflicto.

Además, cualquier acuerdo real probablemente necesitaría aprobación del Congreso, lo que complica mucho el camino. Por ahora, todo son "conversaciones preliminares y conceptuales", según el Financial Times.

La lectura sin humo

Esta propuesta es, a la vez, dos cosas verdaderas. Puede ser un intento genuino de que la ciudadanía comparta la riqueza de una tecnología construida en parte sobre investigación pública. Y puede ser una jugada astuta para blindar a OpenAI políticamente justo cuando el gobierno ha demostrado su poder para hacerle daño. Ambas lecturas conviven.

Pero lo más importante es lo que confirma, y es la tesis que hemos ido construyendo todo el mes: la frontera entre las empresas de IA y el Estado se está borrando a toda velocidad. Primero el gobierno decidió qué modelos se lanzan. Ahora se plantea ser dueño de las empresas que los hacen. La IA ya no es solo un asunto de mercado ni siquiera solo de regulación. Se está convirtiendo en una alianza estructural entre el poder político y un puñado de empresas.

Que eso sea bueno o malo dependerá de los detalles que hoy faltan. Pero la dirección está clara. Y para quienes miramos esto desde fuera de Estados Unidos, plantea una pregunta incómoda: si la IA que usamos pertenece, en parte, al gobierno estadounidense, ¿de quién es realmente la tecnología que se está volviendo imprescindible en nuestras vidas?

Seguiremos contándolo según se sepa.

---

Fuentes: Financial Times (exclusiva original) · CNBC · CNN Business · Tom's Hardware · Forbes — 2-8 julio 2026